El Gobierno de Javier Milei ha convertido el sector vitivinícola argentino en uno de los laboratorios más visibles de su programa de desregulación radical. En una decisión que ha sacudido los despachos de las bodegas de Mendoza, San Juan y la Patagonia, la administración libertaria acaba de derogar 973 normas que durante décadas regulaban la producción, la comercialización, el etiquetado, las denominaciones de origen y los estándares de calidad del vino argentino.
La medida se enmarca en el plan de choque contra lo que el Ejecutivo de Milei denomina el «Estado elefantiásico» que asfixia a las empresas con burocracia innecesaria. Desde la perspectiva oficial, eliminar casi un millar de disposiciones administrativas libera a los productores de cargas que encarecen la producción, ralentizan los trámites de exportación y dificultan la entrada de nuevos actores al mercado. En un país con una industria vinícola de largo recorrido internacional y con el Malbec como buque insignia reconocido en todo el mundo, el argumento de la simplificación tiene cierto atractivo superficial.
Pero la reacción en el sector ha sido mucho más ambivalente de lo que el Gobierno esperaba. Los grandes grupos exportadores, acostumbrados a navegar en mercados internacionales donde los estándares de trazabilidad, etiquetado y origen son cada vez más exigentes, han mostrado una preocupación genuina. Y es que muchas de las normas eliminadas no eran burocracia vacía: regulaban qué variedades de uva pueden identificarse en la etiqueta, cómo se delimitan geográficamente las zonas de producción, qué porcentaje mínimo de una variedad debe contener un vino monovarietal para poder llamarse así, o qué controles sanitarios debe superar un lote antes de salir al mercado.
El problema de fondo es que el vino argentino ha construido su reputación internacional precisamente sobre la base de esas garantías. Cuando un comprador en Londres, Tokio o Nueva York paga una prima por un Malbec de Luján de Cuyo o por un Torrontés de Cafayate, lo hace en parte porque confía en que detrás hay un sistema que certifica el origen y la calidad. Si ese sistema se desmantela sin reemplazarlo por algo equivalente, la credibilidad internacional de la industria podría deteriorarse en un plazo relativamente corto.
Desde las denominaciones de origen y las cámaras del sector han pedido al Gobierno que aclare qué normas se han eliminado definitivamente y cuáles serán reemplazadas por nuevas disposiciones más ágiles. La respuesta oficial ha sido que el proceso continúa y que el objetivo es quedarse solo con la regulación estrictamente imprescindible. Mientras tanto, las redes sociales arden en un debate que enfrenta a quienes ven en esta medida una oportunidad histórica de modernización frente a quienes temen que Argentina esté apostando su patrimonio vinícola más valioso, su reputación, en una ruleta ideológica.
Sobrelías Redacción
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